Ciudad Juárez.- “Justicia”, implora con voz entrecortada la mexicana Guadalupe Güereca, mientras recuerda la trágica muerte de su hijo adolescente, víctima de los disparos de un policía estadounidense desde el otro lado de la controvertida frontera común.

El 7 de junio de 2010, Sergio Hernández Güereca murió con solo 15 años en un incidente de complejas implicaciones legales, que el martes será examinado en Washington por la Corte Suprema en un momento en que la política del presidente Donald Trump centra la atención en la frontera mexicano-estadounidense.

Sergio jugaba allí con tres amigos a tocar la valla que separa la mexicana Ciudad Juárez de la vecina El Paso, en Texas, cuando se toparon con un guardafronteras que patrullaba del lado estadounidense.

El juego no gustó al guardia fronterizo Jesús Mesa, que patrullaba en bicicleta. Mesa logró agarrar a uno de los alborotadores, y luego apuntó su arma y disparó, alcanzando a Sergio en la cabeza.

El muchacho murió del lado mexicano de la línea divisoria, por lo que la justicia de Estados Unidos ha negado hasta ahora a su familia la posibilidad de demandar al agente ante los tribunales de ese país.

Sergio -un muchacho “muy bueno”, afirma Guadalupe sin poder contener la emoción-, era el menor de siete hermanos y como tal, el más apegado a su madre.

“Siempre estuvimos muy unidos”, explica a la AFP esta mujer de 59 años, cabello canoso y piel curtida, mientras sus ojos claros se llenan de lágrimas.

“Pero mire cómo es la vida, me lo quitó para siempre”, agrega con melancolía, sentada sobre la cama de su humilde casita, por la que corretean cinco de sus nietos.

Sobre una cómoda, tiene dos fotografías del muchacho tomadas poco antes de la tragedia. Son las únicas que le quedan, asegura, lamentando que sus otros hijos le hayan ido quitando, poco a poco, todos los demás recuerdos en un intento de limitar su tristeza.

Pero ella no logra olvidar a Sergio: una vez al mes saca toda su ropa y la lava.

Y todas las semanas visita su tumba en el cementerio local, donde los colores chillones de flores y coronas de plástico contrastan con la aridez del desierto.

Nueva amenaza, la deportación

Allí le habla a su hijo, le pide que cuide de sus hermanos. Y especialmente de sus dos hermanas, que viven ilegalmente en Estados Unidos.

“Ahí te las encargo”, le dice, poniendo toda su esperanza en que el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump, que prometió deportaciones masivas de indocumentados, no vuelva a asestar un duro golpe a su familia.

“Hay tantas cosas que dicen de él (Trump), pero ojalá que su corazón se conmueva y las deje allá”, dice.

“Ando peleando por mi hijo pero a la vez también por otras personas que han sufrido lo mismo, y espero en Dios que acepten lo de mi hijo y acepten lo de otras personas”, agrega Lupe, como la llaman los amigos, esperando que la decisión de la Corte Suprema estadounidense siente jurisprudencia.

Porque la muerte de Sergio Hernández no es ni mucho menos la única ocurrida en circunstancias similares en los últimos años.

“Si se pierde en la Corte Suprema y se niegan los derechos legales a los papás de Sergio, eso prácticamente está dando luz verde a una matanza de mexicanos”, afirma indignado Richard Boren, voluntario de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, organización civil con sede en la fronteriza Nogales que apoya a familiares de víctimas de incidentes parecidos.

Bajo el puente de hierro por donde pasa el tren entre Ciudad Juárez y El Paso, pintadas en las paredes recuerdan a Sergio.

Sobre una columna, una cruz azul con la fecha de su muerte y la inscripción “mamá y hermanos te recordamos”. Otras, se refieren a él por su apodo: “¡Viva Keko!”.

Lupe lamenta con amargura no haber recibido el apoyo que las autoridades mexicanas, asegura, le prometieron. Afirma que en 2010 el entonces alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, prometió darle una casa y ayuda económica mensual, pero no cumplió pese a que ella era empleada municipal. Cuatro años después, tras el cambio de alcalde, fue despedida.