Chilpancingo.- El caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos es un tipo de injusticia inaceptable en cualquier sentido de la palabra, dijo la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli- Corpuz.

“Estas épocas de injusticia son definitivamente inaceptables en cualquier sentido de la palabra”, manifestó.

“Quiero decirles a las madres que han perdido un hijo que su dolor es mío, yo también lo siento”.

En su visita a la comunidad indígena de Atlazala, del Municipio de Tlapa, la funcionaria se reunió con los padres de los 43 estudiantes, organizaciones sociales y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolla.

“Mi provincia es la Montaña, entiendo lo que sienten y lo que han pasado, yo también soy una mujer indígena de la provincia de las montañas de Filipinas”, expresó.

La Relatora señaló que su misión en México es observar la situación de las poblaciones indígenas para ver a qué retos se han enfrentado, sus formas de lucha y su cultura.

Con una cadena de flor de cempasúchil en el cuello, la enviada de la ONU aseguró que se sentía alentada por la unidad y la determinación de la gente y, de ese modo, confiaba en que haya justicia.

Tauli-Corpuz se comprometió a que todas las denuncias que le hagan llegar las comunicará al Gobierno de México.

Mencionó que otra de las misiones que tiene es asegurarse de que se atiendan todas las recomendaciones y observaciones al País que hizo el primer Relator sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, el fallecido Rodolfo Stavenhagen.

“La mayoría de sus recomendaciones están relacionadas sobre los temas que ustedes me han compartido”, dijo.

Ante la Relatora, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron que el Gobierno mexicano se niega a cumplir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para esclarecer los hechos del 14 de septiembre de 2014 en Iguala.

Tauli- Corpuz también escuchó el testimonio de la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, quien en el 2002 fue violada por efectivos del Ejército mexicano en la comunidad de Barranca Tecoani, Municipio de Acatepec, y cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.