Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha convertido en el principal fustigador del Instituto Nacional Electoral (INE).

La revocación de diversos lineamientos con los que pretendía regular la competencia electoral de cara al 2018 o el rechazo al dictamen de fiscalización de la elección en Coahuila, son sólo dos ejemplos de resoluciones con las que el Tribunal ha disminuido el campo de acción del INE.

El Instituto ve así debilitada su fuerza de cara a la elección más grande en la historia del país.

Las resoluciones del TEPJF han llegado después de que los partidos políticos u otros actores han presentado juicios contra decisiones del INE, cuyos consejeros han tenido que fijar reglas para la competencia a falta de disposiciones claras que tendrían que haber sido trabajadas por el Congreso de la Unión.

En otros casos, como en el dictamen de fiscalización de la elección en Coahuila, la resolución del Tribunal deja en una situación endeble al sistema de rendición de cuentas del INE, uno de sus retos principales para el año próximo.

Expertos coinciden en que, con sus acciones, el Tribunal debilita al INE en la elección más complicada del país, en la que miles de cargos estarán en juego y donde la mano de ambos órganos necesita ser fuerte ante partidos políticos que buscarán beneficiarse de autoridades débiles y descoordinadas.

Ubican el conflicto como un problema de origen. La forma en que los 11 consejeros electorales y los 7 magistrados electorales han sido electos –por cuotas de las bancadas en el Congreso de la Unión– mancha sus decisiones y su reputación.

En el caso del Tribunal Electoral la mancha es más grande, pues cuando fueron electos, el PRI y sus aliados impulsaron que el tiempo que debían durar en el cargo 4 de los 7 nuevos magistrados aumentara cuatro años, en dos casos; y dos años, en dos casos, lo que modificó el tiempo de duración de la conformación actual de la Sala Superior.

Estas condiciones han llevado, consideran los especialistas, a que los magistrados tomen decisiones que benefician a un partido en particular y no velen por la democracia mexicana.

CONTRADICCIONES

El golpe más fuerte contra el INE vino con el rechazo de los magistrados electorales al dictamen de fiscalización de la elección en Coahuila, y la Sala Superior del TEPJF eliminó algunos gastos del priista Miguel Riquelme, hoy Gobernador electo.

En las últimas semanas, los magistrados del TEPJF han decidido dejar sin efecto algunas de las medidas que se han promovido desde el INE para establecer las reglas de la contienda electoral de 2018.

El primer gran golpe ocurrió el 30 de agosto pasado, cuando los magistrados del Tribunal decidieron –por una mayoría de 5 a 2– revocar los lineamientos que el INE llamó “de cancha pareja”, con los que buscaban regular algunas conductas de los aspirantes a la Presidencia de la República.

Estos lineamientos prohibían adquirir o pagar por cualquier tipo de propaganda, incluida la que es difundida por redes sociales; la realización y difusión de informes de labores, salvo en los casos en que la ley estableciera que debían rendirse; prohibía a los funcionarios asistir a eventos donde se entregaran beneficios de programas sociales, inauguración de obras o en los que se difundieran logros.

También regulaba la propaganda gubernamental, al establecer que no se podía dedicar a difundir ningún logro, y se prohibía a los servidores públicos expresar apoyo o promoción de algún aspirante.

Los partidos políticos e incluso la Presidencia de la República, alcaldes, legisladores y otros políticos, torpedearon las medidas del INE interponiendo juicios ante el Tribunal Electoral; buscaban dejar sin efecto las limitaciones que les imponían las autoridades.

El INE aprobó también otra serie de lineamientos para que los dirigentes de los partidos políticos no pudieran aparecer en spots de sus partidos y con ello tener ventaja sobre otros aspirantes a cargos de elección popular. Estas reglas también fueron revocadas por el TEPJF.

Hace dos semanas, por tercera ocasión, magistrados electorales tumbaron una serie de lineamientos que había establecido el Consejo General del INE para regular el uso de recursos públicos y la intervención de funcionarios en las elecciones.

Se trató de una serie de lineamientos que buscaban limitar la actuación de los gobiernos, tanto federal como estatales, así como de otro tipo de autoridades para evitar su intromisión en los procesos electorales, tal como se vio en elecciones del Edomex.

En esas reglas, el INE reguló la propaganda gubernamental, ajustaba los tiempos de los informes de labores para que no se dieran en tiempos electorales y se prohibía la entrega de programas sociales en eventos públicos masivos.

En dichos lineamientos se impedía también que los candidatos dieran tarjetas a los ciudadanos comprometiendo un beneficio futuro en caso de ganar la elección, tal como ha ocurrido desde hace varias elecciones.

En las tres ocasiones, los magistrados determinaron que los consejeros electorales se habían extralimitado en sus facultades y trataban de regular más cosas de lo que les permite la propia Constitución Política. Declararon que el INE actuó por sobre la Constitución Política.

El INE, sin embargo, emitió esos lineamientos en respuesta a sentencias del Tribunal, en el que los magistrados pedían que se reglamentaran esas conductas, pero la regulación les pareció excesiva y decidieron dar marcha atrás no sólo a ciertos artículos, sino a la totalidad de los lineamientos.

SIN VOZ NI VOTO

Al tumbar esas reglas que el INE pretendía aplicar en la elección del 2018, el TEPJF dejó sin dientes a las autoridades electorales del país que podrán idear otras reglas que –es previsible– serán nuevamente impugnadas por los partidos y hasta por el Ejecutivo; la decisión estará, nuevamente, en manos de los siete magistrados electorales.

El golpe más fuerte contra el INE vino, sin embargo, con el rechazo de los magistrados electorales al dictamen de fiscalización de la elección en Coahuila.

La Sala Superior del TEPJF decidió eliminar algunos gastos del priista Miguel Riquelme, hoy gobernador electo, lo que cerraría la posibilidad de la anulación de los comicios en el estado como pretendía lograr la oposición y como el propio INE perfilaba hacer con la declaración del rebase en el gasto de campaña.

Los magistrados eliminaron erogaciones de publicidad en Facebook y otros en el prorrateo de gastos operativos y spots transmitidos de Riquelme que había contabilizado el INE.

El Instituto había detectado un rebase del tope de campaña de un millón 521 mil pesos, que representaba un rebase del 7.9% del tope. Luego de la resolución del TEPJF, el rebase quedó en 478 mil pesos, un 2.9% del tope.

Para declarar la anulación de una elección se requiere que el candidato ganador hubiera rebasado sus erogaciones un 5% por encima de los gastos de campaña; con un 2.9% no procedería la anulación.

Sin embargo, el Tribunal ordenó que el INE tendría que hacer una nueva revisión de algunos gastos; además los magistrados determinaron que queda pendiente la calificación de la elección en sí misma.

Esta decisión del Tribunal pone en tela de juicio los criterios que utiliza el INE para la fiscalización de los gastos en las elecciones, lo que era un terreno pantanoso para la autoridad electoral y que ha sido muy criticado por los partidos políticos.

GRAVE FALTA

Para María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y exconsejera del Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral tiene sobre sus hombros la responsabilidad de acompañar al INE en la conducción de la elección, no de defender los intereses de los partidos políticos.

Para Marván, las decisiones del Tribunal han creado un “estrés innecesario” entre ambas instituciones en un momento en que debiera haber autoridades electorales fuertes guiando el proceso electoral más complicado de la historia del país –no sólo por lo grande, sino por el desarrollo de nuevas figuras de participación, como las candidaturas independientes o la reelección–.

“Me parece un juego muy perverso (del Tribunal) y muy desgastante, ese de estar regresando las cosas”, sentenció Marván.

DEBILITADO

Las opiniones sobre la forma en que las determinaciones del TEPJF pegan al INE están divididas.

Por un lado, los consejeros del INE han criticado que las decisiones del Tribunal son contradictorias, pues por un lado piden más reglas y por otro frenan las normas que emiten los consejeros
electorales.

“El INE buscó establecer condiciones para la contienda electoral con cancha pareja. El Tribunal al revocar dice sí a promoción anticipada.

“Con esta decisión, lo que hacen los magistrados es decir que, bajo el argumento de las libertades, se puede gastar lo que sea para promocionar la imagen pública”, ha dicho Marco Antonio Baños, consejero del INE.

Para otros consejeros, las decisiones del Tribunal ponen en tela de juicio cuáles serán las reglas que se aplicarán en el proceso electoral del 2018.

Del lado del Tribunal las posturas son distintas. Los magistrados afirman que las sentencias del TEPJF no debilitan a las autoridades electorales, pues se trata de asuntos de interpretación constitucional y no de intentos de disminuir la autoridad del Instituto.

“De ninguna manera (se debilita el INE). Me parece que el INE tiene una capacidad institucional probada, es una autoridad que tiene suficientes facultades para arbitrar con imparcialidad; de ninguna manera debilita al INE, simple y sencillamente son soluciones jurídicas distintas”, comentó Reyes Rodríguez, magistrado del TEPJF.

Expertos consideran que el enfrentamiento de facto que existe entre el INE y el TEPJF sí debilita a la autoridad electoral y da mayor permisividad a los partidos políticos, en donde estos buscan sacar la mayor ventaja.

El desorden y la debilidad a favor de los partidos, abona a una endeble democracia mexicana. (Información de Reporte Índigo)