Ciudad de México.- Durante casi cinco meses, la Secretaría de Gobernación ha omitido proporcionar a un juez federal datos precisos que permitan citar a declarar a dos de sus exfuncionarios en el proceso penal iniciado por la última fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Se trata de Juan Ignacio Hernández Mora, exdirector del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob, y de Ramón Pequeño García, el extitular de la Policía Federal y de la División Antidrogas de dicha corporación.

Desde enero pasado, el juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca pidió a la Segob datos útiles para poder citar a testificar a los exfuncionarios y, pese a los reiterados recordatorios, estas informaciones no han sido proporcionadas.

Tanto Hernández como Pequeño no han recibido ningún citatorio y no lo recibirán mientras Gobernación no proporcione sus domicilios.

De acuerdo con Alberto del Río, defensor del procesado Valentín Cárdenas Lerma, exdirector del Altiplano, el 1 de febrero pasado el juez de la causa requirió al secretario de Gobernación los datos donde puedan localizarse los exfuncionarios.

Casi cinco meses después la dependencia finalmente contestó, diciendo no tener dicha información, razón por la que los abogados de Cárdenas solicitaron al juzgado girar oficios a diversas dependencias de Gobierno para que consigan los domicilios de los testigos.

Cárdenas fue sujeto a proceso el 20 de septiembre de 2015 por el delito de evasión de preso acusado de delitos contra la salud, por la fuga de “El Chapo” Guzmán del Penal del Altiplano, ocurrida el 11 de julio del mismo año.

Según su abogado, el juez de la causa demoró casi seis meses en determinar la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas en su descargo.

“No fue sino hasta agosto de 2016 cuando el juez emitió un acuerdo en el que solamente tuvo por admitidas 12 de 50 pruebas de la defensa”, aseguró del Río Azuara.

Su defensa apeló ese acuerdo, pero el juez tardó 4 meses en enviar las constancias al tribunal de alzada. Fue hasta enero de este año cuando el Quinto Tribunal Unitario de Toluca revocó el desechamiento de diversas pruebas y declaró admitidas alrededor de 30, incluidos los interrogatorios a los exfuncionarios señalados.