Ciudad de México.- Los riesgos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en torno a la Cuenta Pública 2016, tienen que ver con la aplicación de la Ley de Adquisiciones, es decir, la contratación de obra pública y donde la “excesiva discrecionalidad” fue la regla.

Ello, dijo el encargado del despacho Juan Javier Pérez Saavedra, “propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”.

El descontrol imperó en la Cuenta Pública de aquel año, al grado de que el monto de las irregularidades asciende a 104 mil 241.2 millones de pesos, recursos de los que sólo se han recuperado 7 mil 896.9 millones.

Esos esquemas, añadió, han sido utilizados por universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios.

No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016 se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos, como son empresas paraestatales de entidades federativas y, en ocasiones, de la propia Federación.

Áreas de riesgo

Otro aspecto peligroso detectado por la ASF y que representa “un alto riesgo” es la obra pública.

“La ASF ha identificado cuatro causas principales que propician las deficiencias en proyectos de infraestructura: problemáticas en la planeación y programación de los trabajos, debilidades de carácter técnico, insuficiencias económicas y fallas de ejecución.

La ASF también detectó, como “área de riesgo”, las operaciones realizadas por las ahora llamadas empresas productivas del Estado, es decir, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Destaca sobre todo “la toma de decisiones” para obtener “utilidades” en beneficio del Estado mexicano. Y, aunque la ASF no lo establece así, la nueva forma de toma de decisiones en estas “empresas productivas del Estado” se modificó tras la reforma energética aprobada en diciembre de 2013.

La “toma de decisiones” para obtener mayor “utilidad” tiene que ver también con la aplicación de las llamadas rondas para explorar tierra firme, aguas profundas o someras en busca de hidrocarburos.

“Se apuntan cuestionamientos sobre la idoneidad del proceso de toma de decisiones tendientes al logro del objetivo anotado, ya que en un conjunto de operaciones trascendentes se ha constatado que ha habido, desafortunadamente, resultados negativos”, sostiene la ASF.

Y enumera donde se han confirmado “resultados negativos”: adquisición de Agronitrogenados y plantas de tipo fosfórico, venta de gasoductos en operación, adquisición de etano y coque, y adquisición de energía limpia a precios muy superiores a los costos de generación propios. Pero, sobre todo, las adjudicaciones en la refinería de Tula, Hidalgo, bajo “supuesta emergencia”.

Impacto económico

Estados y municipios concentraron observaciones por 98 mil 102 millones de pesos de los 104.2 mil millones faltantes.

Los mayores volúmenes de recursos observados corresponden a Veracruz (19 mil 728 millones de pesos), Nuevo León (9 mil 841 millones), Estado de México (7 mil 634 millones), Michoacán (6 mil 246 millones) y Tamaulipas (5 mil 437 millones de pesos).

Le siguen Chiapas (4 mil 682 millones), Oaxaca (4 mil 369 millones), Guerrero (3 mil 488 millones), Sinaloa (3 mil 194 millones) y Baja California (3 mil 081 millones).

De acuerdo con el informe presentado el martes en el Palacio de San Lázaro por el auditor en funciones, los señalamientos a entidades federativas y municipios se dividen en “observaciones con impacto económico”, por 78 mil 853 millones de pesos, montos pendientes de aclarar, por 4 mil 252 millones, y subejercicios, por 14 mil 997 millones.

El responsable del órgano de fiscalización confirmó que hasta la fecha se han presentado 912 denuncias de hechos correspondientes a las cuentas públicas de 1998 a 2016, aunque tan sólo entre enero de 2017 y febrero de 2018 se interpusieron 120 querellas adicionales.

Como resultado de sus acciones, la ASF logró recuperaciones de recursos por 7 mil 896 millones de pesos correspondientes a 2016, para alcanzar un volumen total de recuperaciones por 123 mil millones desde 2001 a la fecha.

‘El sexenio más corrupto’

Senadores del PAN denunciaron ayer que el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido el peor, en la historia posrevolucionaria, en materia de corrupción.

Al realizar un balance sobre los escándalos que ha protagonizado la Administración priista que inició en el 2012, los legisladores se refirieron a las recientes revelaciones de la ASF sobre desvíos en dependencias Sedesol y Sedatu, cuando fueron encabezadas por Rosario Robles.

“Ya hay varias cosas alrededor y se presumen actos de corrupción porque nos está claro el destino de los presupuesto que administró Robles”, aseguró el senador panista Ernesto Ruffo.

Los senadores Francisco Búrquez, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo recordaron los casos más emblemáticos de opacidad y corrupción registrados en los últimos años como el proyecto cancelado del tren México-Querétaro, el incremento de costos en el tren México-Toluca y la falta de utilidad del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).

Hermosillo censuró el uso político que se ha dado en este sexenio al Ramo 23 del presupuesto, con el que se chantajea de manera discrecional a los gobernadores de los estados.

Que aclare Robles

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, entregó a Rosario Robles el informe mencionado por la Auditoría Superior de la Federación donde se detalla una presunta triangulación de recursos y le pidió una aclaración.

El legislador se presentó en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, a donde acudió Rosario Robles.

“No es un asunto personal, es un modus operandi que se ha extendido en esta Administración”, afirmó el legislador.

La secretaria le exigió que presentara denuncias y pruebas ante la Procuraduría, por lo le aclaró que él ha presentado denuncias y no ha habido resultados.

“Yo estoy aquí dando la cara porque no tengo nada que temer, nada que esconder, queremos que se presenten pruebas”, le respondió Robles. (Con información de Reforma/Proceso)

Aumenta corrupción

La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 cayó un punto, de 30 a 29, y coloca al país como la nación peor evaluada entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La organización Transparencia Mexicana consideró que este descenso probablemente se deba a las resistencias que se han generado para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

“Es claro por los resultados del IPC 2017 que la corrupción es un problema institucional. Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de 100 lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban. (Reforma)