Saltillo, Coah.- En plena semana de la celebración de la libertad de expresión surgen dos noticias que ponen en duda esta presunta libertad. La primera es que periodistas y activistas mexicanos son objeto de espionaje y la segunda que autoridades de Coahuila cuestionen la veracidad del reportaje sobre el caso Allende, investigado por una premio Pulitzer.

El lunes 19 de junio organizaciones de activistas y periodistas de México denunciaron que 16 personas fueron espiadas por autoridades federales a través de un programa informático que se instaló en sus smartphones.

Entre los periodistas espiados están Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, así como los activistas que están en contra del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Los abogados de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, también fueron víctimas de esta práctica.

Lo anterior corrobora por qué el Gobierno mexicano gastó 80 millones de dólares en un programa de espionaje que una empresa ofrece con la condición de ser usado para combatir el crimen, según reveló The New York Times. Aunque, obvio, el gobierno de Enrique Peña lo niega todo.

Luego está el reportaje de la premio Pullitzer, Ginger Thompson, en la revista National Geographic, explicando todos los detalles oficiales que provocaron la masacre en Allende, Coahuila, caso que, dice la periodista, las autoridades mexicanas sólo hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar.

“Erigieron un monumento para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables”, escribió Thompson.

Sobre la información, el Gobernador de Coahuila se mostró escéptico y declaró a un diario local: “es una investigación muy seria, hay datos que no conocía y se va a indagar. Primero veremos si es cierto. La revista es muy prestigiosa, pero hay que investigar”.