Washington, DC.- La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchó con compasión a familiares de un adolescente mexicano asesinado en la frontera con México, pero duda sobre cómo eventualmente procesar al policía estadunidense autor del disparo.

Los jueces de la máxima corte examinaron los argumentos orales sobre el caso en que deberán decidir si la familia del joven Sergio Hernández Güereca tiene el derecho constitucional de procesar ante la justicia estadunidense al agente fronterizo que efectuó el disparo, hace 7 años.

El examen de la Corte se realiza en plena crisis diplomática entre Washington y México por el propósito del presidente Donald Trump de bloquear la entrada de indocumentados mediante la construcción de un muro y enviar al país vecino la factura.

El 7 de junio de 2010, Hernández Güereca y tres amigos se encontraban en el lecho seco del río Grande, que divide a Ciudad Juárez, del lado mexicano, y El Paso, del lado estadunidense. En esa región, el río corre sobre un lecho cubierto de concreto, con cercas a cada lado.

De acuerdo con testimonios, Hernández Güereca y sus amigos subían la pendiente del lado estadunidense para tocar la cerca y retornar al lado mexicano.

Irritado con la diversión, el agente fronterizo Jesús Mesa capturó a uno de los jóvenes y efectuó un disparo desde territorio estadunidense, que alcanzó a Hernández Güereca en la cabeza y le provocó la muerte, al otro lado de la frontera.

Posteriormente, Mesa afirmó que los jóvenes ignoraron su orden para que se alejaran del lugar y además arrojaban piedras en su dirección. La familia de Hernández Güereca, sin embargo, afirma que el joven estaba desarmado y no representaba ningún riesgo.

Las leyes estadunidenses protegen a los ciudadanos contra el uso desproporcionado de la fuerza por parte de instituciones como la Policía, pero hasta ahora el sistema judicial ha impedido a la familia del joven procesar al guardia fronterizo.

El caso provocó protestas y suscitó una pequeña crisis diplomática entre Washington y México: el presidente mexicano de entonces, Felipe Calderón, exigió una investigación “profunda e imparcial”.

Este caso “nos agravia especialmente, porque se trata de un menor de edad: Sergio Adrián Hernández, quien además fue ultimado con disparos de arma de fuego en nuestro propio territorio mexicano”, dijo Calderón en un comunicado.

EL DUELO CONTINÚA

Sergio –un muchacho “muy bueno”, afirma Guadalupe Güereca, madre de Sergio, sin poder contener la emoción–, era el menor de siete hermanos y como tal, el más apegado a su madre. “Siempre estuvimos muy unidos”, explica la mujer de 59 años, cabello canoso y piel curtida, mientras sus ojos se llenan de lágrimas.

“Pero mire cómo es la vida, me lo quitó para siempre”, agrega con melancolía, sentada sobre la cama de su humilde casita, por la que corretean cinco de sus nietos.

Sobre una cómoda, tiene dos fotografías del muchacho tomadas poco antes de la tragedia. Son las únicas que le quedan, asegura, lamentando que sus otros hijos le hayan ido quitando, poco a poco, todos los demás recuerdos en un intento de limitar su tristeza. Pero ella no logra olvidar a Sergio: una vez al mes saca toda su ropa y la lava. Lupe lamenta con amargura no haber recibido el apoyo que las autoridades mexicanas, asegura, le prometieron. Afirma que en 2010 el entonces alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, prometió darle una casa y ayuda económica mensual, pero no cumplió pese a que ella era empleada municipal. Cuatro años después, tras el cambio de alcalde, fue despedida.

¿DÓNDE ACABA LA JUSTICIA?

Ante esta situación, los jueces de la Corte Suprema estadunidense tienen ahora en manos un caso centrado en la cuestión del acceso a la justicia por parte de víctimas del uso extraterritorial de la fuerza.

El abogado Bob Hilliard, que representa a la familia de Hernández, argumentó que “este caso trágico es uno de los más simples casos de extraterritorialidad que esta corte ha tenido, y por cinco razones”.

“Primero, la conducta del agente ocurrió dentro de Estados Unidos. Segundo, fue un oficial civil de la Policía. Tercero, quien presentó demanda es un civil, no un combatiente enemigo. Cuarto, el derecho a la vida es uno de nuestros derechos fundamentales. Y quinto, el Gobierno de México apoya esta demanda”.

Durante la discusión, varios de los jueces ponderaron en voz alta si existe una forma para que la ley estadunidense se aplique unos metros más allá de la frontera, ya que la limpieza del lecho seco –el sector entre las dos cercas– se hace en cooperación bilateral.

Esta idea –que permitiría a la familia de Hernández iniciar demandas en Estados Unidos– fue vigorosamente criticada por los abogados que representan al Gobierno federal estadunidense y al propio agente Mesa. Los jueces también discutieron si un fallo en favor de la familia de Hernández sentaría un precedente y abriría las puertas a otras demandas similares.

PAGARÁ EU 1 MDD A FAMILIA DE INDOCUMENTADO

» El Gobierno de EU indemnizará con un millón de dólares a los hijos del inmigrante Anastasio Hernández para resolver el proceso legal que su familia inició hace 6 años cuando el mexicano murió tras recibir golpes y descargas eléctricas por parte de agentes fronterizos en California. “Estados Unidos ha aceptado pagar la cantidad entera y está listo y dispuesto a pagar sujeto a la aprobación de esta petición”, detalla el documento, firmado por el grupo legal que representa a los deudos.

» Hernández fue detenido el 28 de mayo de 2010 cuando intentó reingresar a Estados Unidos sin documentos. Horas más tarde, fue trasladado a la antigua zona de deportaciones cercana a la garita de San Ysidro, en donde se registró un altercado que fue captado por dos testigos, quienes grabaron un video con su teléfono celular.

EL CASO

» El juez Anthony Kennedy apuntó que, dadas las ramificaciones de este caso, sería conveniente que los brazos políticos de la república (la Casa Blanca y el Congreso) contacten a México para buscar una solución.

» Un tribunal de primera instancia había rechazado el caso alegando que los tribunales estadunidenses no tenían jurisdicción en el caso porque se trataba de un ciudadano mexicano muerto en México. Esa decisión fue ratificada por una corte de Apelaciones, y de esa forma el caso llegó a la Suprema Corte.

» Ahora, la máxima corte estadunidense deberá expedirse antes del fin del mes de junio.