Ciudad de México.- En la investigación por el supuesto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, la PGR centró el proceso en conocer si las pruebas aportadas en la denuncia son verdaderas y qué instituciones, federales o estatales, han tenido acceso a la tecnología espía.

“La PGR a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) se ha comprometido a que vamos a realizar una investigación pronta, seria, científica y técnica respecto a las manifestaciones que han hecho públicas diversas personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

“La Fiscalía ha iniciado con el desahogo de las diligencias que son necesarias para determinar lo sucedido con base en pruebas científicas, entre ellas la extracción de los mensajes de información del malware de los equipos presuntamente afectados”, indicó en conferencia la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías.

Expuso que solicitó ya a la División Científica de la Policía Federal una investigación sobre los números telefónicos de donde se emitieron los supuestos mensajes para infectar los teléfonos y sus vínculos.

“Se realizarán acciones para poder determinar la geolocalización de los equipos que pudieron haber emitido estos mensajes, se solicitará información para determinas qué personas o instituciones federales o estatales han tenido acceso a este tipo tipo de tecnología y a través de qué medios”, manifestó la funcionaria en la sede de la PGR.

“Se va a realizar un trabajo de contexto que permita vincular el trabajo de estas personas, periodistas o defensores de derechos humanos en relación con estos actos ilegales”.

Para la investigación, la dependencia solicitará colaboración internacional para ubicar a los proveedores de la tecnología espía.

“Se está teniendo información para obtener todas las empresas que pudieron proveer este servicio , se van a hacer las cooperaciones internacionales, se está teniendo información de todas las empresas que pudieron proveer este servicio, para determinar a quiénes o a qué personas pudieron dar acceso a servicio, no sólo en el sistema Pegasus que no es una empresa”, indicó el titular de la Feadle, Ricardo Sánchez.

El 19 de junio, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción expresaron su indignación tras revelarse una investigación de un diario estadounidense sobre espionaje.

Ocho de los involucrados en la lista de personajes espiados exigieron al Gobierno una investigación independiente y presentaron una denuncia ante la PGR.