Nacional
Por Agencias
Publicado el jueves, 19 de octubre del 2017 a las 08:00
Ciudad de México.- Tras los “pecados” llega la penitencia… Después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera una nueva recomendación sobre posibles abusos de la Policía Federal (PF), la corporación presentó su Protocolo de Actuación sobre Uso de la Fuerza.
La Secretaría de Gobernación publicó este miércoles el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, instrumento que tiene la finalidad de dar certeza jurídica y transparencia en relación con la actuación de sus elementos.
Dicho Protocolo, ampliamente solicitado por organizaciones civiles tras casos como el de Tanhuato y Nochixtlán, es de observancia general y obligatorio para todos los policías federales.
Establece los parámetros y condiciones mínimas para diferenciar y definir el uso de técnicas, tácticas, armas, equipo y niveles de fuerza para atender las circunstancias que se presenten.
“Ya sea para aumentar o disminuir el grado de aplicación de estas”, indica.
En él, además, se define el uso de la fuerza: es la aplicación de medios, métodos, técnicas y tácticas que realizan o pueden realizar las y los policías en el ejercicio de sus funciones, con base en los diferentes niveles de fuerza.
Sus objetivos: hacer cumplir la ley; promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, preservar o restablecer el orden público.
También se fijó en el documento mantener la vigencia del estado de derecho, proteger los bienes jurídicos, contrarrestar la resistencia de personas o grupos, prevenir la comisión de delitos, así como proteger la vida e integridad física de los policías y terceros.
Los niveles de uso de la fuerza para los elementos de la PF son presencia policial, verbalización, control de contacto, control físico, técnicas defensivas menos letales, y fuerza potencialmente letal.
“El uso de la fuerza sólo se justifica cuando la aversión es real: si la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni imaginaria; actual: si la agresión se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad o posterioridad.
Graves violaciones
Lo anterior ocurrió el mismo día en el que la CNDH acreditó las violaciones cometidas tanto por mandos como por agentes de la dependencia el 19 de junio de 2016, durante el operativo para desalojar un bloqueo carretero que se realizó en Nochixtlán y otras comunidades de Oaxaca.
Tanto policías federales y estatales cometieron violaciones graves a los derechos humanos contra la población, que afectaron a terceros que no participaban activamente en las acciones, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores.
En la recomendación por estos hechos, la Comisión demostró que elementos de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, incurrieron en el uso excesivo de la fuerza.
Mal diseño
En los sucesos los uniformados vulneraron, entre otros, los derechos a la vida (fueron asesinados siete civiles); a la libertad, la integridad y a la seguridad personal; al principio del interés superior de la niñez; a una vida libre de violencia; al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo.
Esto se dio como consecuencia “de un operativo indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, en el que no se observaron plenamente los protocolos de actuación, en particular por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y a la necesidad de priorizar el uso de mecanismos y técnicas no violentas, antes de emplear la fuerza contra la población”.
Al presentar esta recomendación dirigida a autoridades estatales y federales, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que por un periodo aproximado de 12 horas se efectuó un operativo “que bien podría considerarse como ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales de esta índole”, en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca y Viguera.
Advirtió que existió mala coordinación entre las corporaciones policiales participantes y una inexistente cadena de mando clara de responsabilidades y de toma de decisiones.
Además, faltó un análisis de inteligencia en el que se considerara el día que se iba a llevar a cabo el operativo, los posibles escenarios de respuesta de los pobladores, las posibles afectaciones a terceros ajenos a los hechos, así como la ubicación de instalaciones hospitalarias y escolares, entre otros aspectos.
Balas federales
La CNDH indicó que sólo pudo establecer de manera indiciaria que cuatro civiles fallecieron por disparos hechos por policías de Oaxaca. Pero uno de los calibres encontrados en el cuerpo de una de las víctimas mortales también coincide con las armas que portaban elementos de la Policía Federal.
González Pérez enfatizó que la investigación del organismo a su cargo –que se prolongó por casi 16 meses– estuvo marcada por la falta de cooperación real y efectiva por parte de las autoridades involucradas y las encargadas de la investigación penal de los hechos. Esto, lamentó, “representa la falta de voluntad para que se sepa la verdad y se finquen responsabilidades”.
‘Respeto recíproco’
Luego de la recomendación, el comisionado nacional de la Policía Federal, Manelich Castilla, aseguró que la corporación coadyuvará en las investigaciones.
El mando policiaco señaló que la PF guía su actuar con altos estándares en materia de derechos humanos.
“Uno de los grandes honores en una institución policial es ejercer la función con virtud y respeto a los derechos humanos”, manifestó. (Con información de Reforma)
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