Madrid, España.- El presidente Mariano Rajoy propuso el sábado al Senado español las medidas conducentes para frenar el desafío independentista, entre ellas el cese del Gobierno catalán por completo, con lo cual reclamó para sí la capacidad de disolver el Parlament de Cataluña y convocar a nuevas elecciones en la comunidad autónoma en un plazo máximo de seis meses.

Para poner en marcha estas inéditas medidas, amparadas en el artículo 155 constitucional, los distintos ministerios del Gobierno de la Nación se harán cargo de las dependencias equivalentes del Gobierno catalán, incluida la policía autonómica, los Mossos d´Esquadra, los medios de comunicación pública, en este caso Catalunya Radio y TV3.

El Senado español tiene previsto agotar el trámite parlamentario la próxima semana y el viernes 27 celebrar una sesión del pleno en la que se prevé la aprobación de todas las medidas, debido a que Rajoy cuenta con el apoyo de su partido, el Partido Popular (PP), además de los socialistas (PSOE) y de Ciudadanos (C´s), que forman una holgada mayoría.

El Mandatario español explicó en su comparecencia, tras la sesión del Consejo de Ministros, que se pide aprobar “la facultad de disolver el parlamento de Cataluña” y que convocará a nuevas elecciones en un máximo de seis meses, “pero mi voluntad es que sea tan pronto como recuperemos la normalidad.

Esto es el objetivo, lo quiere la mayoría, es lo que dice el sentido común y se trata de abrir una nueva etapa en la que la ley se respete y se recupere la convivencia”, dijo.

Explicó que con estas medidas extraordinarias, “el presidente del parlament no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat ni la celebración de investidura. No se suspende la autonomía ni el autogobierno, se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la Constitución y del Estatut”, la norma máxima en Cataluña.

El Mandatario español dijo que el único temor que se puede tener en una situación como esta, “es no cumplir con lo que es tu obligación. No es propio del mundo en que vivimos. Lo que me he encontrado enfrente no lo había visto en los muchos años de vida política, pero no elegí a mi interlocutor. A mi interlocutor lo eligieron otros y ellos tendrán que explicar por qué lo hicieron”.

Aunque insistió que su Gobierno no suspende la autonomía catalana, reconoció que asume todas las competencias autonómicas, incluidos los tributos y los ferrocarriles catalanes.

Aclaró que “la Generalitat continuará funcionando como administración ordinaria”.

Señaló que el Gobierno de Puigdemont en pocas horas “liquidó la Constitución española en Cataluña, el Estatut, se aprobó la ley de referéndum y la ley de transitoriedad. Todo esto fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se celebró el referéndum suspendido y todo este proceso tuvo su último punto el pasado día 10 de octubre”, con la valoración de los resultados de la consulta y la petición de Puigdemont de suspender la declaración unilateral de independencia.

Ante el desafío, el Ejecutivo español aseguró que su Gobierno actuó con prudencia “esperando una rectificación que no se produjo. No respondieron en plazo ni en tiempo. No se puede hacer peor las cosas, incluso para los propios intereses de los que las hicieron; tengo la convicción de que querían que se aplicase el 155”.

Fustigó que la Generalitat “no ha planteado un diálogo, sino una imposición: que el Gobierno hiciera algo que no podía hacer. El diálogo no es que los demás tengan que aceptar tus exigencias. El diálogo fuera de la ley y la norma es antidemocrático, y no es dialogo pretender imponer a los gobernantes que se salten la ley”.

Esa es la razón, dijo, que su Gobierno tuvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución. “No era nuestro deseo. Es un artículo constitucional que sólo se aplica en circunstancias excepcionales. Ningún Gobierno puede aceptar que se ignore la ley, se viole la ley imponiendo sus criterios a los demás”.

Los objetivos de esta medida, explicó Rajoy, es “volver a la legalidad; recuperar la normalidad y la convivencia; continuar con la recuperación económica que hoy en Cataluña está en evidente peligro; y la celebración de elecciones en situación de normalidad”, reclacó el Mandatario español.

Esto sería el culmen de cinco años de pulso por las aspiraciones independentistas de las autoridades catalanas, en la peor crisis de la España democrática en 40 años.

TOMAN LAS CALLES

Cerca de medio millón de independentistas salieron el sábado a las calles de Barcelona a protestar contra el plan del Gobierno español de Mariano Rajoy de cesar al presidente catalán, Carles Puigdemont, que comparó el momento histórico a la dictadura de Franco.

Encabezados por él mismo, 450 mil manifestantes se manifestaron a gritos de “¡libertad!” e “¡independencia!”, después de que el Gobierno central anunciara su intención de cesar a todo el ejecutivo regional.

Puigdemont –en el cargo desde enero de 2016– denunció “el peor ataque a las instituciones y el pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco aboliendo la Generalitat”.

Pidió una sesión parlamentaria para debatir “el intento de liquidar nuestro autogobierno y democracia” y actuar “en consecuencia”, añadió, tras haber amenazado con proclamar la independencia si se aplicaba el artículo 155. Pero el sábado no pronunció la palabra “independencia”.

Y es que si el presidente catalán diera el paso de proclamar la independencia unilateralmente, la Fiscalía General del Estado “formularía una querella” por un delito de rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel, advirtió una fuente de ese organismo.

El cese del Gobierno catalán y la convocatoria de elecciones son las dos medidas más contundentes del Gobierno español en virtud del artículo 155 de la Constitución, que permite a Madrid intervenir el Gobierno de una comunidad autónoma.

RESPONDE PUIGDEMONT

El presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció que pedirá un pleno en el Parlament en los próximos días para responder al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, sobre el intento de “liquidar” el autogobierno y la democracia de Cataluña y para “actuar en consecuencia”.

“Pediré al Parlamento que fije la convocatoria de una sesión plenaria, donde los representantes de la soberanía ciudadana (…) debatamos y decidamos sobre el intento de liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia, y actuemos en consecuencia”, anunció en respuesta a la batería de medidas anunciadas por el Gobierno de España para detener el desafío secesionista catalán.

En resumen, el Gobierno ha pedido al Senado que autorice la destitución de Puigdemont y de sus consejeros y que limite las competencias de la presidenta del Parlament.

En el fragmento pronunciado en español, Puigdemont dijo que lo ocurrido este sábado es “un ataque a la democracia que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en otros lugares, y no sólo en Cataluña”.

Por su lado, la presidenta de la cámara catalana, la independentista Carme Forcadell, denunció “un golpe de Estado de facto”, y añadió sin más precisiones que “nos comprometemos (…) a defender la soberanía del Parlamento de Cataluña”.

PARLAMENTO DIVIDIDO

El Gobierno de Rajoy pide poner bajo su completa tutela la actividad del Parlamento catalán, donde los independentistas tienen actualmente una mayoría de 72 escaños sobre un total de 135. A comienzos de septiembre, estos legisladores hicieron aprobar la ley que permitía el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre, y que esta semana fue anulada por el Tribunal Constitucional.

El texto que se someterá al Senado establece que la cámara catalana “no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas”.

Para asegurarse de ello, el gobierno central designará una autoridad que, de manera sistemática, tendrá 30 días para dictaminar si un texto en trámite es conforme o no a las medidas de intervención de la autonomía regional. Dicho control se extiende a todas las proposiciones de ley que se presenten.

Igualmente, una vez cesado Puigdemont, la cámara no podrá celebrar ningún debate ni votación de investidura de un sucesor al cargo.

ATAQUES INFORMÁTICOS

El Tribunal Constitucional español ha fallado hasta ahora en contra de todas las iniciativas de secesión, incluido el polémico referendo. El sitio web de la corte parecía estar caído el sábado, y una portavoz dijo que se habían visto afectados por vandalismo de origen desconocido. Las autoridades españolas habían advertido el viernes de posibles ataques informáticos y dijeron que en varios sitios web del Gobierno habían aparecido lemas a favor de la independencia de Cataluña.

La vocera del Constitucional indicó que la web del tribunal no funcionaba y que no se había visto comprometida información interna. Habló bajo condición de anonimato en línea con las normas internas. La consulta se vio empañada por episodios de violencia esporádicos en la operación policial para cerrar algunos centros de votación. El Gobierno central afirma que el resultado de la votación carece de legitimidad.

Varios partidos de la oposición han acordado apoyar al Gobierno español en la intervención de la autonomía catalana para frenar el proceso independentista.