Ciudad de México.- Al concluir el plazo de un año que se estableció en las normas, el SNA inició su vigencia a partir de este 19 de julio. La mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.

Como parte de las reformas que han hecho posible el SNA, este miércoles también entraron en vigor, en todo el país, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que establece las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos y de particulares, así como las sanciones por sus actos u omisiones y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Ambas leyes impulsarán al Sistema Nacional Anticorrupción y están orientadas no sólo al sector público sino, de forma muy importante, también a las personas físicas y morales del sector privado que contratan con el Gobierno.

Con el nuevo SNA cualquier conducta contraria a la ley cometida por las empresas recibirá sanciones severas, entre ellas las económicas: por hasta el doble de los beneficios obtenidos por la corrupción y, en caso de no obtenerlos, hasta mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (aproximadamente 112 millones de pesos/5.6 millones de dólares). Además, la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios u obras públicas hasta por 10 años; la suspensión de actividades hasta por 3 años, la disolución de la sociedad respectiva y la indemnización por daños y perjuicios.

Tropiezo grave

El tropiezo más grave ante la indefinición del Senado para nombrar al fiscal Anticorrupción fue cuando el llamado Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción (CAC), compuesto de reconocidos personajes de la ciudadanía de nuestro país, decidió renunciar. Los integrantes acusaron al Senado de retrasar injustificadamente el proceso de designación de un fiscal Anticorrupción, a pesar de que cuentan con candidatos con “perfiles idóneos”. El tema del fiscal lleva aplazado 3 años, toda vez que esta figura tendría que haber sido nombrada en 2014, pero los legisladores no se han puesto de acuerdo. El Comité Ciudadano de Acompañamiento daría la credibilidad que necesita el proceso, para garantizar que los operadores del Sistema Anticorrupción sean gente que responda al interés ciudadano y de la sociedad, que precisa el combate efectivo contra la corrupción, y no de los partidos.

Enraizado

La corrupción no es nada nuevo en México. Encuesta tras encuesta, se revela que las “mordidas” y la impunidad forman parte de la vida diaria en todo el país. Se estima que cada día se cometen 27 mil actos de corrupción en trámites gubernamentales. Es decir, alguien es corrupto en nuestro país cada 3.4 segundos.

En su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el INEGI confirma que en un total de 9.9 millones de trámites en 2015 existió algún acto de corrupción. Esto significa que se cometen 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes mayores de edad. Más aún, una de cada 10 personas que laboran en las instituciones de seguridad pública reprueba los análisis de confianza. Es decir, cerca de 31 mil peritos, policías y altos mandos no pueden pasar pruebas sicológicas básicas que identifican, entre otras cosas, si han violado la ley. La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, hizo un llamado a los congresos de los estados a completar el marco legal que a cada uno de ellos les corresponde respecto del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Nuevas reglas

Ante la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un nuevo reglamento interior para adecuar su estructura orgánica a los nuevos ordenamientos legales. Entre los cambios más importantes está el que los órganos internos de Control sólo podrán imponer sanciones en los casos de faltas administrativas menores y deberá remitir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa aquellos casos en los que las conductas sean consideradas graves por la ley.

Además, los servidores públicos en México deberán abstenerse de exigir, aceptar u obtener cualquier tipo de regalo, obsequio o dádiva indebido con motivo de sus funciones, de lo contrario podrán ser castigados con suspensión o destitución del empleo, sanción económica o inhabilitación temporal para ejercer un cargo público. Otros cambios introducidos en el nuevo reglamento incluyen la creación de dos áreas denominadas: Dirección General de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción y Dirección General de Análisis, Diagnóstico y Formulación de Proyectos en Materia Anticorrupción de la Administración Pública Federal, que se encargarán de desarrollar las tareas y propuestas que la SFP asuma como parte integrante del Comité Coordinador del SNA.

Piden indagar recursos

Distintas organizaciones de la sociedad civil solicitaron que en el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se investigue cómo fueron usados los recursos destinados a la capacitación del personal que aplicaría el nuevo sistema de justicia penal.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que la ineficiencia de los actores ha quedado evidenciada y ante esto se han dedicado a atacar al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), sin explicar qué hicieron con los recursos millonarios que se les destinaron durante 8 años para el rubro de capacitación.