Bruselas.- El líder independentista catalán, Carles Pugidemont, deberá comparecer de nuevo el 4 de diciembre ante el juez en Bruselas encargado de decidir sobre su extradición, una petición de la justicia española que este viernes apoyó la fiscalía belga.

“El fiscal pidió la aplicación de la euroorden” ante el juez, informó a los periodistas uno de sus abogados, Christophe Marchand, al término de la audiencia celebrada en el imponente Palacio de Justicia de Bruselas.

El presidente catalán cesado y cuatro exconsejeros de su gobierno, sobre quienes también pesa una euroorden, lograron esquivar a la horda de fotógrafos y cámaras a su llegada al tribunal, que fue anunciada por su entorno.

Aunque la fiscalía pidió la aplicación del mandato detención, pese a que no todos los cargos que se les imputan tienen equivalentes en el derecho belga, el magistrado pospuso su decisión y convocó una nueva vista.

El 4 de diciembre, la defensa, que piensa denunciar un “proceso político” en España que refleja a su juicio la “histeria judicial” de Madrid en este caso, podrá presentar sus alegatos contra la extradición.

Sin ‘corrupción’

La declaración unilateral de independencia de esta región del noreste de España el 27 de octubre llevó al gobierno español a cesar al ejecutivo catalán, poner la autonomía bajo su tutela y convocar elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre.

A finales de octubre, los cinco políticos catalanes se instalaron en Bélgica, mientras que ocho de sus compañeros, que comparecieron ante la justicia española, se encuentran en prisión preventiva y un último quedó en libertad bajo fianza.

El 3 de noviembre, una magistrada española emitió euroórdenes de entrega contra Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig, a quienes acusa de los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

El fiscal belga consideró este viernes que los motivos de las acusaciones de rebelión y sedición tenían equivalentes en el derecho belga, pero no así el cargo de prevaricación, según los abogados.

El ministerio público considera que los hechos no son constitutivos de corrupción, como se argumenta en la euroorden, sino que deben considerarse como de “coalición de funcionarios y malversación por parte de funcionarios”, precisaron.

Aunque la Cámara del Consejo bruselense apruebe la petición de la justicia española, los políticos independentistas prevén agotar todos los recursos posibles, lo que podría prolongar el proceso en Bélgica al menos hasta enero.