Tecámac.- Cuando faltan poco más de dos meses para la contienda por el gobierno del Estado de México, Angélica Rivera, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encabezó la entrega de diversos apoyos para sectores vulnerables del oriente de la entidad.

Entre las dádivas, se enlistan becas para hijos de migrantes, computadoras tiflotécnicas, lentes para adultos mayores, certificados de ingreso a nuevos afiliados de Prospera condicionados a la entrega de copias de la credencial de elector, seguros de vida para madres solteras y zapatos para sus hijos.

Vecinos de ese municipio y de otros colindantes como Ecatepec, Los Reyes La Paz, Tultitlán, Chicoloapan y Coacalco, fueron trasladados en camiones desde sus lugares de origen para ocupar los casi 12 mil 700 asientos disponibles en el Auditorio Metropolitano de Tecámac, inaugurado apenas el pasado 10 de marzo, también en la víspera de la elección, como un compromiso del gobernador Eruviel Ávila.

En el evento denominado “Acciones por la Familia”, también se anunció la entrega de la Unidad de Estudios Superiores para Adultos Mayores de Ecatepec, también conocida como la Universidad de la Experiencia, en la que podrán estudiar personas de la tercera edad, que forma parte de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, y que el mandatario estatal aseguró que fue una promesa de campaña del presidente Enrique Peña.

Ávila Villegas adelantó, de igual manera, que la Federación transferirá 65 millones de pesos para la rehabilitación del CRIT Toluca.

A la fecha, partidos como Morena, PAN y PRD, han promovido diversas denuncias por considerar que con este tipo de programas y la exigencia de la copia de la credencial de elector se configura compra del voto.

Hasta la semana pasada, Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), contabilizaba 117 denuncias por la entrega de programas sociales durante el proceso electoral.

El artículo 261 del Código Electoral del Estado de México establece que “durante los treinta días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales así como los legisladores locales se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza”.

La entrega de apoyos debe suspenderse a más tardar con el inicio de las campañas, el próximo 3 de abril.

En el resto de los casos, deben posponerse hasta pasada la jornada electoral y por ningún motivo podrán difundirse.

Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

“La Legislatura determinará los programas sociales que por su naturaleza, objeto o fin por ningún motivo deberán suspenderse durante el periodo que señala el párrafo anterior y promoverá las medidas necesarias para su cumplimiento en los tres ámbitos de gobierno que generen condiciones de equidad en el proceso electoral”.