Washington.- Los abogados de comercio del Congreso y de firmas privadas en Washington han comenzado a tener reuniones informales para encontrar maneras de cuestionar cualquier decisión del Presidente Donald Trump de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), indicó The Wall Street Journal.

El diario publicó que los abogados privados y los asesores del Congreso señalaron que están en las primeras etapas de la planificación de contingencias y la mayoría no quiere discutir el tema públicamente mientras continúan las conversaciones.

Pero con las negociaciones del TLC que han llegado a su etapa más difícil hasta el momento en la ronda que terminó esta semana, y Trump advirtiendo repetidamente que se retirará del pacto si los socios comerciales no pueden aceptar las demandas de Estados Unidos para “América Primero”, las conversaciones sobre cómo responder a un retiro han tomado una nueva urgencia, según los involucrados.

Los preparativos para desafiar al Presidente apuntan a una pregunta sin respuesta que se cierne sobre las recientes rondas de discusiones comerciales: ¿Cuánta autoridad tiene realmente el Presidente para eliminar un acuerdo comercial existente?. “Esto es un territorio inexplorado donde nadie sabe realmente”, dijo Warren Maruyama, un ex funcionario comercial en Reagan y dos administraciones de Bush.

El Presidente casi seguramente enfrentará desafíos legales si tomara medidas para desconocer el pacto de 23 años con Canadá y México, consideran los abogados, particularmente de industrias como la automotriz, que se han vuelto dependientes del libre comercio en todo el continente, destacó el diario.

“Verán a la industria automotriz en la corte el día después de que se envíe esa notificación, buscando una orden judicial”, aseguró Tim Meyer, profesor de derecho en la Universidad de Vanderbilt.
 
La resistencia política a una retirada ya se ha desarrollado en el Capitolio y dentro de los grupos empresariales, mencionó la publicación.

En el Congreso, una franja de miembros centristas y respaldados por los negocios en ambas partes probablemente se opondría a cualquier retiro. La Cámara ha llamado a las propuestas del gobierno para el TLC “muy peligrosas” y se podría esperar que desafíe cualquier retiro unilateral.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, se negó a hacer comentarios a través de un portavoz. Su predecesor, Michael Froman, ahora miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que hay un debate enérgico sobre lo que sucedería si el Congreso se opone a una retirada, pero cree que se puede hacer mucho con la acción ejecutiva.

Maruyama estuvo de acuerdo en que el Presidente probablemente tenga el poder de cancelar o destruir a TLC, pero espera desafíos “con posibilidades de éxito” si Trump intenta eliminar el acuerdo unilateralmente.

“Hay personas que están buscando desesperadamente (disposiciones clave de la ley comercial) en el Capitolio y los bufetes de abogados y en la Cámara de Comercio de Estados Unidos ahora mismo para tratar de crear algún tipo de argumento que Trump no pueda hacer”, indicó Maruyama, ahora socio de Hogan Lovells LLP en Washington.

Si bien la Constitución le otorga al Congreso amplios poderes para regular el comercio internacional, cuando se trata de acuerdos comerciales, el Capitolio ha delegado al ejecutivo grandes piezas de esa autoridad, destacó el diario.

Los expertos legales ven dos vías principales para desafiar un retiro: los oponentes podrían desafiar la capacidad del Presidente de salir de un acuerdo comercial internacional como inconstitucional, o desafiar su capacidad para revertir una ley aprobada por el Congreso, en este caso, partes de la legislación de implementación del Nafta, sin el consentimiento de los legisladores.

En el primer caso, el desafío comenzaría si Trump informara formalmente a México y Canadá de los planes para retirarse del TLC, iniciando el proceso por el cual los países pueden salir del acuerdo bajo el tratado de 1992. Los países pueden informar a los socios comerciales del retiro real seis meses o más luego de enviar un aviso.

Los abogados involucrados en las discusiones dicen que sería difícil evitar que Trump envíe el aviso inicial de retiro, ya que el poder ejecutivo goza de una capacidad especial para comunicar las decisiones políticas oficiales a gobiernos extranjeros.

Pero después de la notificación, los legisladores o las compañías afectadas por el retiro podrían solicitar una orden judicial en un tribunal federal para evitarlo.

“El Congreso o General Motors podría enviar una orden judicial para evitar que ese segundo aviso se retire realmente”, mencionó Joel Trachtman, profesor de derecho internacional en la Universidad de Tufts, citando un ejemplo hipotético.

O podrían intentar revertir el retiro después de que ocurra, argumentando que el Congreso necesita ser consultado ya que regula el comercio internacional y porque la ley de 1974 es vaga sobre quién tiene el poder para salir de los acuerdos comerciales.

La segunda vía para la impugnación cuestiona si el Congreso delegó indebidamente la autoridad al Presidente en leyes comerciales previas. En el Acta de 1974 sobre la autoridad de promoción de comercio, el Congreso le dio específicamente al Presidente la posibilidad de restablecer las tarifas que se eliminaron cuando un acuerdo comercial entró en vigencia.

La ley de implementación del TLC de 1993 también tiene una cláusula dirigida a invalidar las principales codificaciones legales del pacto si Estados Unidos se retira. Si la administración Trump trata de terminar el TLC, podría apuntar a este lenguaje, que parece cancelar importantes disposiciones del acuerdo, dijo el diario.