Madrid.- La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó el ingreso en prisión de los nueve miembros del gobierno de Cataluña cesado tras comparecer por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y cohecho. La magistrado alegó que había riesgo de fuga y de destrucción de pruebas para enviar a la cárcel al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, junto a los consejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Santi Vila (Empresa) y Joaquim Forn (Interior).

La juez dictó un auto en el que ocho de ellos irán a prisión incondicional, mientras que a Santi Vila -el único consejero que dimitió de su cargo el día anterior de la declaración unilateral de independencia- le fijó una fianza de 50 mil euros, por lo que hasta que deposite el dinero en el juzgado será trasladado a prisión.

La magistrada justificó la medida en que dado el “alto poder adquisitivo” de los procesados había riesgo de “evasión de la justicia”, así como de “destrucción de prueba” y en virtud de la “gravedad de los delitos” por los que se le acusan, ordenó su traslado a prisión. La decisión fue comunicada de inmediato a los abogados y a los propios líderes catalanes, que se encontraban en el juzgado a la espera de la resolución.

Con estos nueve encarcelamientos, ya son once los dirigentes del movimientos secesionista catalán que se encuentran presos, tras los dos primeros que sufrieron esta medida, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, los presidentes de la plataformas civiles Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

A lo largo de la mañana, los nueve integrantes del gobierno catalán cesado y los seis diputados de la Mesa del Parlamento acusados por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y cohecho comparecieron ante el Tribunal Supremo y ante la Audiencia Nacional. La Fiscalía española solicitó a la juez Carmen Lamela, que juzgará únicamente a los dirigentes políticos que integraban el gobierno de Carles Puigdemont, incluido él mismo, que dicte orden de prisión incondicional para todos ellos, con la excepción del ex consejero de Empresa Santi Vila, que decidió renunciar un día antes de la declaración unilateral de independencia.

Puigdemont, que se encuentra en Bruselas junto con cuatro consejeros más, solicitaron comparecer a distancia, al considerar que no tiene “garantías” para un juicio justo y al atacar a la justicia española por su politización flagrante.

Como era de esperar, la Fiscalía española reclamó a la juez de la Audiencia Nacional que envíe a prisión a los integrantes del gobierno catalán cesado en virtud de la gravedad de los delitos imputados y ante el riesgo de fuga, al contemplar como antecedente pernicioso para su causa el hecho de que su líder, Puigdemont, se niegue a acudir a los tribunales para responder por los delitos que se le imputan.

La juez asumió la gravedad de los hechos de los que se les investiga y, además del envío a prisión incondicional, fijó para todos los imputados una fianza de 6,2 millones de euros, que deben pagar en el plazo de tres días si no quieren que se les embarguen sus bienes.

En el caso de los seis diputados de la Mesa del Parlamento, que serán juzgados en el Tribunal Supremo por su condición de aforados al pertenecer a la Diputación Permanente, el órgano judicial decidió posponer su declaración a petición de los propios acusados y para el próximo 9 de noviembre. A los que a cambio ordenó que se les ponga bajo vigilancia policial, incluida a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell.