Por: Luis Durón

Saltillo, Coah.- Sábado 19 de diciembre de 2009, faltaban cinco días para Navidad y otros cuantos para el Año Nuevo. En la sala de prensa de la Diócesis de Saltillo un grupo de personas denunciaron la desaparición de 21 de sus familiares. Era la primera vez que se hablaba de esta problemática en el estado.

Esa mañana decembrina los periódicos daban cuenta del recrudecimiento de la violencia en Coahuila. El propio gobernador Humberto Moreira Valdés temía que se incrementaran las ejecuciones, así lo exponían titulares de los diarios de mayor circulación en la entidad.

Mientras tanto, en la oficina del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, los familiares de los desaparecidos exponían una de las consecuencias más graves de la llamada guerra contra el narcotráfico: la desaparición de personas.

Sentados en una mesa rectangular colocada frente a las sillas, puestas para los integrantes de la prensa, los familiares de las personas desa-parecidas sostenían fotografías de la entonces Fiscalía General del Estado, eran pesquisas.

En las gráficas se observan los rostros de las personas que fueron víctimas de la desaparición y que hasta la fecha no han sido localizadas.

Entre esos rostros destacaba el de Antonio Verástegui Escobedo, estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo, que desapareció el 24 de enero de 2009 en la carretera a Parras de la Fuente, de donde es originario.

Antonio viajaba con su padre, Antonio Verástegui González, comerciante parrense de 51 años. Esa madrugada invernal de 2009, regresaban a casa. Nunca llegaron. Un retén de civiles armados los detuvo en la carretera. Los bajaron de la camioneta y se los llevaron.

El hermano de Antonio, Jorge Verástegui González, sostenía su retrato en aquella primera rueda de prensa. Estaba acompañado de su otra hermana. Denunciaban ante los medios la falta de acción de las autoridades, querían que los coahuilenses supieran del dolor que es perder a un familiar y no saber dónde se encuentra.

Son rostros de la impunidad que imperó en cada caso por parte de las autoridades encargadas de su búsqueda. Son los rostros que con su desaparición dieron vida a Fuundec, un colectivo que a lo largo de dos cuatrienios no ha logrado su objetivo: encontrar a los que no están, a esos que se llevaron y nadie supo a dónde ni qué hicieron con ellos.

Veintiún rostros de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Veintiún rostros que se convirtieron en la bandera de lucha de sus familiares. Personas ausentes de las que no se sabe si aún viven o si fueron ejecutadas. La incertidumbre sobre su paradero es el sentimiento que acompaña desde hace casi ocho años a sus familias.

Cada cierto tiempo recorren las calles de Saltillo para seguir presionando a las autoridades.

DEJÓ DE SOÑAR

Era la madrugada del 24 de enero de 2009. Esa noche Jorge Verástegui, de 18 años, dormía en su casa en Parras de la Fuente. Era sábado, contrario a las costumbres de los jóvenes de su edad, decidió dormir temprano.

Estudiaba Medicina en Monterrey y el domingo tenía que viajar. Sacrificaba sus noches sabatinas de juerga por mañanas domingueras de viaje y tardes diarias de estudio.

Aquella madrugada su hermano le dio la noticia que le hizo perder el sueño por el resto de sus días. Ahora duerme por necesidad fisiológica y los sueños más bien son pesadillas. El día que contó este testimonio contabilizaba ya 3 mil 20 días sin soñar.

La noticia fue impactante. Su hermano Antonio y su sobrino fueron levantados por civiles armados que instalaron un retén en la carretera. Los bajaron de su camioneta y se los llevaron. Al menos eso dijeron los testigos del levantón.

Los familiares de Jorge se organizaron para la búsqueda. Si los habían detenido debían estar en alguna comandancia. El Ministerio Público y la Policía Estatal estaban cerrados, era de madrugada y los burócratas no trabajan horas extra.

Sólo en la Policía Municipal había agentes, pero no fueron de gran ayuda. Les pidieron esperar hasta la mañana porque “situaciones como esa no les correspondía a ellos”. Tuvieron que esperar al Ministerio Público.

“Nos dijeron que podía ser una falsa alarma y les explicamos a los policías que había testigos, nos dicen bueno ‘yo no puedo hacer nada porque yo soy un policía municipal, marque al número de emergencia o espérese hasta la mañana que el Ministerio Público abra sus oficinas”.

Trasnocharon afuera de la Agencia del Ministerio Público adscrita a Parras de la Fuente. El Agente llegó hasta las 10 de la mañana. Les tomó su declaración y les aseguró que no tenían registro de ningún retén, que la noche había transcurrido sin novedades.

Jorge y sus familias se dividieron para recorrer las brechas que conectan la cabecera municipal con los ejidos. Durante la búsqueda se percataron de la ausencia de las autoridades ministeriales. No estaban haciendo rondines como lo prometieron. No estaban buscando.

“Llegamos por la tarde con el comandante de la Policía Ministerial a preguntarle qué estaban haciendo. Estaban todas sus camionetas estacionadas frente a la oficina, dijeron que acababan de regresar de hacer un operativo en las brechas, le dijimos que era mentira porque nosotros veníamos de eso. Ahí fue cuando nos empezamos a molestar más, porque dicen ‘Bueno, déjenme dar la orden’”.

Los policías salieron de la agencia tras la orden del comandante, pero no recorrieron brechas, nunca buscaron, no hubo interés por encontrar a los dos desaparecidos que estaban por completar las 24 horas ausentes, horas que se convirtieron en días, luego en meses, hasta completar ya los ocho años.

Ante la omisión de la Policía Ministerial, los familiares de los desa-parecidos hicieron un plantón en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público, de donde vinieron las primeras amenazas.

El lunes llegó el comandante de la Policía Ministerial, lo que nos dijo fue ‘Bájenle al escándalo. Sus familiares están bien, están golpeados. Fue una equivocación, pero están bien. Si dejan de hacer escándalo los van a soltar’.

Pero nunca los soltaron. Antonio Verástegui y su hijo jamás volvieron. Sus familiares fueron a Saltillo, consiguieron una cita con el fiscal general, siguieron presionando, alzando la voz. Jorge dice que aún tiene la duda de que esa haya sido la decisión correcta.

Colectivos y organizaciones civiles realizan marchas en todo el país para exigir que las autoridades cumplan con su labor de encontrar a los desaparecidos.

Tal vez si hubieran callado como se los pidió el comandante, su hermano y su sobrino hubieran regresado. Pero eso nunca lo sabrá, esa certeza se perdió en el momento que siguieron buscando, investigando, hablando con la gente que los conocía, con los testigos que presenciaron el levantón aquella madrugada del 24 de enero de 2009.

La cita con el fiscal fue tres meses después de la desaparición. Hablaron directamente con Jesús Torres Charles, quien entonces dirigía la Fiscalía General del Estado. Estaba acompañado del licenciado Domingo González Favela.

Ambos funcionarios prometieron investigar a fondo el caso. Se abrió una averiguación previa por la privación ilegal de la libertad de Antonio y su hijo, aún no existía la figura jurídica de desaparición.

Pero para Jorge fue como si hubieran hecho solo un acta administrativa de más de 3 mil fojas, porque nunca hubo resultados. Los fiscales desechaban pruebas, omitían las declaraciones de los testigos, incluso justificaron aquel dicho que sonó a amenaza del comandante de la Policía Ministerial de Parras.

“Tanto el fiscal general como el mismo comandante dijeron ‘Bueno, es que él no dijo lo que dicen que dijo, sino lo que intentó hacer es darles aliento, porque la experiencia que él tiene lo hizo actuar así’. Entonces desvirtuaron todo eso y tardamos más de tres años para que la Procuraduría pudiera llamar a declarar a este comandante sobre los hechos y obviamente no aceptó nada de lo que dijo”.

El único resultado que lograron obtener de la escueta investigación realizada por la Fiscalía fue confirmar lo que ya sabían, las personas que habían levantado a su hermano y su sobrino los habían confundido.

Fuundec sigue en la lucha por encontrar, desde hace 8 años, a los familiares de quienes integran la organización.

Esa noche de enero se reportó otro levantón. Integrantes de los Zetas habían secuestrado a cuatro personas que pertenecían a otro cártel. Antonio Verástegui y su hijo fueron víctimas circunstanciales de ese operativo de limpia y lucha entre cárteles de la droga por dominar la plaza.

“Como parte de este operativo de limpieza que estaban haciendo los Zetas, se había generado esta confusión, incluso de las primeras cosas que nos dice el Ministerio Público es que ellos también habían investigado a mi hermano y a mi sobrino, ellos estaban limpios, así lo mencionó, no tenían ningún vínculo criminal”.

Jorge describe que Parras es un pueblo pequeño donde todo mundo se conoce. Su hermano era parte de la liga local del equipo de beisbol, era conocido como comerciante, tenía una tienda Diconsa. Para el pueblo de Parras, la desaparición de Antonio provocó consternación, porque sabían que no estaba involucrado con el crimen organizado.

El hartazgo y el cansancio los estaban venciendo, las autoridades no hacían nada. Más de tres veces tuvieron citas con el fiscal y siempre escuchaban las mismas palabras “estamos buscando, estamos investigando”.

La hermana de Jorge consiguió pactar una reunión con el Obispo de Saltillo, Raúl Vera López. Habían escuchado que él estaba ayudando a otras familias que pasaban por la misma situación. La cita con el Obispo fue un 9 de agosto, llevaban ya casi siete meses de búsqueda. Los días transcurrían en un vaivén entre edificios de las dependencias de Justicia, la paciencia se agotaba.

El Obispo los recibió en su oficina particular, platicó con ellos, les dijo que no estaban solos. Desde la Diócesis se investigaba el problema de la desaparición, había más familias que tenían a personas desaparecidas.

“Al final, hablar con él y que se lograra canalizar el caso al Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios fue una luz de esperanza, fue como avivar esa llama de saber que todavía podíamos hacer otras cosas, hay gente que sí nos puede ayudar, entonces fue darnos más fuerza para continuar en nuestra búsqueda”.

El trato que recibieron de Raúl Vera López, Jorge lo describe como más humano. El Obispo estaba comprometido con su causa. Vera López era consciente de las implicaciones que conlleva la desaparición de personas.

El Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ha acogido la causa y se ha sumado a la exigencia de los familiares.

Empezaron a recibir asesoría en el Centro de Derechos Humanos, por medio de una llamada contactaron a los familiares de tres distribuidores de joyería originarios de La Barca, en Jalisco. Los vendedores desaparecieron en Nava.

Al ser originarios de otro estado de la República, pidieron a Jorge y su familia que los ayudaran en la ruta que debían recorrer para tener una cita con el fiscal general de Coahuila.

Les comentamos que iba a ser una pérdida de tiempo porque para entonces ya teníamos casi un año de estarnos reuniendo directamente con el fiscal general y no estaba pasando nada.

En octubre de 2009, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios documentó otro caso. Se trataba de la desaparición del jefe de custodios del Cereso varonil de Saltillo, Esteban Acosta Rodríguez, el 29 de agosto de 2009.

Según la información de la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre este caso, Esteban fue levantado por un grupo de hombres armados junto con su hijo de 8 años, Brandon Acosta Herrera, así como sus dos hermanos Gualberto y Gerardo Acosta Rodríguez.

Otro de los casos registrados en 2009 por el Centro de Derechos Humanos fue el de 12 vendedores de pintura originarios de Ecatepec, en el Estado de México. Desaparecieron el 21 de marzo de 2009 en Piedras Negras.

La noche del 18 de diciembre de 2009, los familiares de los tres de-saparecidos en Nava tenían una cita con el fiscal en su oficina, iban a escuchar los avances que habían hecho en la investigación. Las familias de los distribuidores de joyería se contactaron con los familiares de los otros tres casos y les pidieron que acudieran también a la cita.

Jorge Verástegui relató que recibió una llamada y pactaron la reunión con el fiscal Jesús Torres Charles, sin que este supiera que tendría que dar explicaciones sobre la desaparición de 21 personas y no de tres como lo tenía previsto.

“Empezamos a hablar más colectivamente, concluimos que si solos no lo pudimos hacer, en grupo tal vez se podía hacer algo. Ahí estábamos familiares de cuatro casos: dos nuestros, los tres de La Barca, los 12 del Estado de México, desaparecidos en Piedras Negras, y los cuatro de la maestra Lulú.

La desorganización por parte de las autoridades fue lo que imperó en aquella reunión. Las familias exigían respuestas y el fiscal no las tenía. Al revisar caso por caso surgieron las similitudes, como la falta de interés de los ministerios públicos para hacer una buena investigación que concluyera en la localización de los desaparecidos.

A pesar de la decepción que se llevaron al saber que no había avances en sus expedientes y que las autoridades sólo ofrecían paliativos para sus casos, lograron que el fiscal se comprometiera a trazar una ruta de acción y pactara una cita para enero de 2010, en la que presentaría personalmente nuevos resultados.

Llegó la mañana del 19 de diciembre, los familiares de los 21 desaparecidos decidieron hacer visible el problema. Convocaron a los medios de comunicación para dar a conocer la desaparición de 21 personas en Coahuila, hasta ese momento la problemática había permanecido invisible para la agenda mediática.

En esa mesa rectangular llena de micrófonos y grabadoras, se encontraba Lourdes Herrera, maestra de primaria. En sus manos tenía dos fotografías, la de su esposo Esteban Acosta Rodríguez y otra donde el pequeño Brandon, de 8 años, sonreía. Debajo de cada gráfica el nombre completo de los desaparecidos con la fecha en que se les vio por última vez. Arriba del cuadro los logotipos de la Fiscalía General del Estado.

AÚN ESPERA A BRANDON

La mañana del 29 de agosto, cuatro meses antes de esa rueda de prensa, Lulú se despidió de su esposo y su niño, fue el último abrazo que le dio al pequeño Brandon. Han pasado 2 mil 747 días desde que Lulú escuchó esas palabras de despedida de su hijo. Desde que su esposo le dio un beso y prometió un regreso que ella aún espera.

Esteban Acosta y el pequeño Brandon subieron al Malibú arena de la familia. Pasarían por Gualberto y Gerardo, hermanos de Esteban, para llevarlos al aeropuerto de Monterrey, donde tomarían un vuelo a los Estados Unidos, donde residían, estaban de visita en Saltillo porque su madre se encontraba internada.

Apenas habían recorrido 13 kilómetros de la carretera Saltillo-Monterrey cuando fueron interceptados por tres camionetas de las que descendieron sujetos armados. Obligaron a Esteban a bajar del auto, luego a sus dos hermanos, finalmente al niño, contaron los testigos de aquel suceso. Fue justo frente al aeropuerto Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe.

Ignorante ante el secuestro de su esposo, su hijo y sus cuñados, Lulú se fue a la clínica donde su suegra estaba internada. Al mediodía de ese sábado regresó a casa. Al ver la hora marcó a su esposo, ya había pasado mucho tiempo desde que se había ido a Monterrey y no había noticias de él. La llamada no entró, el móvil de Esteban estaba apagado. Lulú lo atribuyó a que su esposo iba en carretera y tal vez por eso no había señal.

A las dos de la tarde sonó su celular, el número en la pantalla era el de la oficina de Esteban, de su trabajo como jefe de custodios del Cereso varonil de Saltillo. El compañero de Esteban daba cuenta de la ausencia, y solicitaba hablar con él.

Lulú se extrañó, hacía ya tres horas que debía haber regresado a Saltillo, además nunca faltaba al trabajo. Tal vez el vuelo se retrasó, pensó. Pero aun así su esposo le hubiera avisado o por lo menos se hubiera reportado a su oficina para justificar su retraso.

“Le seguía marcando al celular y me mandaba a buzón. Todavía no sospechaba yo nada. Ya como a las 4 de la tarde me llamó la esposa de mi cuñado y me dice que el avión ya había llegado, pero sin mi cuñado. Le pedí que volvieran a buscar, me llamó otra vez y me dijo que no lo encontraban. Me dio los datos del avión, llamé al aeropuerto a Monterrey, donde sólo me dijeron que de los 82 pasajeros, solo viajaron 81 personas, deduje que faltaba Gualberto.

Al percatarse de la ausencia de su cuñado en el vuelo y el hecho de que su esposo no contestara las llamadas encendió una alerta en Lulú. Comenzaba a desesperarse al no tener noticias de ellos. Acompañada por su madre acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado para pedir información.

Los agentes que la recibieron ya tenían conocimiento de que Esteban había sido secuestrado, sin embargo no le dijeron nada sobre lo sucedido a Lulú. La interrogaron y le pidieron datos específicos sobre su esposo, su hijo y sus cuñados, así como el coche en que viajaban.

“Me pidieron el nombre de los cuatro, edades, fecha de nacimiento, vestimenta, tipo de calzado, datos sobre el coche. Les di toda la información, ya estaba algo desesperada, pero ellos no me dijeron nada todavía. Salí de la oficina para ir al sanitario, al salir vimos una camioneta Escalade blanca con las llantas ponchadas, tenía sellos de la Fiscalía con la fecha de ese día”.

El comandante de la Policía Ministerial la canalizó a la Agencia Antisecuestros de la FGE, a la cual llegó alrededor de las 7 de la tarde. El Ministerio Público ya la estaba esperando para darle la noticia, pero Lulú supo que algo malo había pasado cuando vio en el escritorio del agente, un tenis de su esposo y el par de zapatos de su cuñado Gerardo.

Al principio creyó que habían tenido un accidente automovilístico, pero más tarde el agente la sacó de su error: su hijo, su esposo y sus cuñados habían sido levantados, no tenían datos sobre quiénes perpetraron el secuestro, ni la ubicación de sus cuatro familiares.

Ese sábado a las 7:30 horas se recibieron llamadas de auxilio al servicio de emergencia. Eran llamadas de varios conductores que transitaban por la carretera Saltillo-Monterrey. Algunos testigos reportaron un accidente, pero la mayoría daba cuenta sobre tres personas y un niño a bordo de un auto Malibú color arena, rodeados por hombres armados.

“Iban en cuatro camionetas, una de ellas era la camioneta Escalade que tenían en los patios de la Fiscalía. Esa camioneta se les quedó ponchada a varios metros de donde levantaron a mi marido, por eso la dejaron ahí”.

Esa noche Lulú ya no regresó a su casa, no tenía el valor suficiente para ver el cuarto de su niño vacío, para estar sola en la cama sin su esposo. Un tenis es lo único que pudo recuperar de aquel día en que los vio por última vez.

Al tener ya pleno conocimiento de la situación por la que pasaban sus familiares, Lulú comenzó su búsqueda, visitó todas las instancias que pudieran ayudarle, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde sólo levantaron un acta, ya que no había funcionarios involucrados en la desaparición.

En la Procuraduría General de la República le dijeron que no estaba dentro de su jurisdicción el caso, ya que se trataba de un delito del fuero común y era obligación de la Fiscalía de Coahuila investigar los hechos. Visitó hospitales, el Cereso, las instalaciones del Ejército Mexicano, incluso el Semefo, pero no había rastro de sus cuatro familiares, se habían ido sin dejar una pista sobre su destino.

A pesar que la Averiguación Previa fue abierta por el delito de privación ilegal de la libertad, en realidad el esposo, el hijo y los cuñados de Lulú fueron víctimas de desaparición. A diario visitaba la Fiscalía General de Justicia, que era la única dependencia donde se realizaba la investigación, pero no había avance.

El expediente sobre la desaparición de sus cuatro familiares se fue engrosando, a la fecha abarca tres tomos de más de mil fojas cada uno. A pesar de las múltiples pruebas periciales que se le practicaron a la camioneta, las declaraciones de los testigos y la búsqueda incansable de Lulú, los días sin encontrar a Esteban, Brandon, Gerardo y Gualberto siguen pasando.

A finales de septiembre, la citó el párroco de la iglesia a donde acudía con su familia, le dijo que él también tenía a un familiar desaparecido y la canalizó al Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

“Yo no estaba muy convencida, porque ya había tocado muchas puertas y siempre hubo negativas. Venía por el pasillo y dudaba en entrar. No me arrepiento de haber entrado, porque es aquí donde hemos encontrado verdadero apoyo, el cobijo y la ayuda de todo tipo”.

Ahí fue donde Lulú conoció a la familia Verástegui, a los familiares de los vendedores de pintura y las familias de La Barca, Jalisco, todos en la misma situación, todos con el dolor de no encontrar a sus familiares, todos hartos de la inacción de las autoridades.

El 19 de diciembre de 2009 decidieron hacer pública su problemática, los medios acudieron a la rueda de prensa en la Diócesis de Saltillo, los familiares denunciaban la omisión y el poco interés que tenía el Gobierno de encontrar a sus desaparecidos.

Al día siguiente los titulares y las portadas de periódicos informaban sobre la desaparición de 21 personas. Eran los desparecidos de un grupo de familiares que se organizó dentro de la Diócesis para atender este nuevo fenómeno que se daba en Coahuila, a raíz de la guerra entre cárteles y las Fuerzas Armadas.

Pasaron los meses y seguían llegando familias a la Diócesis, para mayo de 2010, la cifra de desaparecidos había ascendido a 38, el número de familias víctimas de la desaparición iba en aumento.

Como lo habían pactado con el fiscal, las reuniones se siguieron haciendo, sin embargo la respuesta fue siempre la misma. La omisión de las autoridades y el desinterés por los de-saparecidos llegó al grado que el propio Torres Charles consignó el caso a funcionarios de menor nivel, quienes solo informaban escuetamente sobre los avances en las averiguaciones.

NACE FUUNDEC

Esa última reunión fue en marzo de 2010, al ver que no serán escuchados y que sus casos seguirían estancados en los archivos de la Fiscalía, los familiares de los desaparecidos decidieron buscar la ayuda del Gobierno federal, viajaron a la Ciudad de México y organizaron una marcha de tres días frente a Palacio Nacional.

Iban a exigirle al Gobierno federal que pusiera atención en Coahuila, que hubiera una investigación al respecto porque las autoridades no lo estaban haciendo y posiblemente había un tema de colusión con los Zetas.

Hicimos una primera manifestación frente a Palacio Nacional, pero 40 personas tratando de manifestarse en la plancha del Zócalo no figuraban, sólo la gente que salía del Metro nos superaba abismalmente, pasamos inadvertidos, dijo Jorge Verástegui.

Fue así que prefirieron retirarse, entonces el personal de seguridad del Palacio les dijo que fueran a la Secretaría de Gobernación para que los atendiera directamente el secretario. Al llegar a la Segob encontraron a un grupo de jornaleros manifestándose también.

“Lo único bueno de ir a Segob es que había una manifestación de gente del Barzón con todos sus tractores y la gente muy bien organizada, ellos nos ayudaron a que un personaje de muy bajo nivel jerárquico nos recibiera, tomó nota de lo que estaba pasando y hasta ahí llegó”.

El viaje a México significó un peregrinaje por las instalaciones de diversos medios de comunicación que les cerraron las puertas, no quisieron atender sus demandas porque no era un tema “relevante” en la agenda mediática nacional.

El agotamiento comenzó a hacer estragos en el ánimo de los manifestantes. El estrés provocado por el desinterés del Gobierno y de los medios de comunicación ocasionó conflictos entre las mismas familias.

Marcha de la Dignidad Nacional, en la que madres de desaparecidos exigen el regreso de sus hijos.

El regreso a Saltillo fue de reflexión. Jorge Verástegui cuenta que durante el camino platicaron con los demás familiares sobre lo que habían ganado con ese viaje fallido a la Ciudad de México. Habían demostrado que solos las autoridades no les hacían caso y por eso debían permanecer unidos, siempre por una causa en común que era encontrar a sus desaparecidos.

“Es cuando surge el nombre de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), con cada uno de los significantes del nombre, hacemos un primer pacto que es unirnos, asumir la búsqueda de los otros desaparecidos de nuestros compañeros y compañeras e ir por todos, es decir, no tener casos emblemáticos, una exigencia de una búsqueda inmediata; ahí se hace un primer acuerdo, que serían sin duda lo que podría llamar los cimientos de Fuundec, ahí nace el espíritu de qué se quería lograr al ser parte de Fuundec, que era sólo encontrar a nuestros desaparecidos”.

El fracaso de esa manifestación derivó en la constitución orgánica de Fuundec: se estableció una visión a largo plazo, con demandas más estructurales y comenzó una lucha más encauzada. Con el paso de los años Fuundec se convirtió en referente nacional por los logros que tuvieron.

Lograron que el Gobierno de Coahuila creara una Subprocuraduría Especializada en la Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. En lo referente a políticas públicas se crearon nuevas leyes y se reformaron artículos de la Constitución Política de Coahuila.

Se estableció la Ley para la Declaración de Ausencia y actualmente lograron que el estado creara la ley estatal de exhumaciones, así como un programa especial de atención a víctimas de la desaparición.

“Tenemos la única Constitución en México donde se prohíbe la de-saparición, se tiene el derecho a ser buscado. Somos los primeros y los únicos que han logrado un nivel de interlocución de muy alto nivel. Ahora vamos a ser referente en el tema forense, somos el primer estado que implementará un programa estatal de exhumaciones, en el que se efectuará un protocolo que quedará para la posteridad”.

Pero a pesar de todas esas leyes aprobadas y ser referente nacional en la cuestión de la organización estructural de grupos de familias que buscan a sus desaparecidos, Fuundec no ha logrado su principal objetivo, encontrar a los suyos.

Hasta ahora Fuundec ha logrado cambios en legislación del estado, como el establecimiento de la Ley para la Declaración de Ausencia.

Jorge Verástegui ahora es el asesor jurídico de esta organización y señala que no se ha localizado a uno solo de los desaparecidos que registra Fuundec desde el 2009. Tampoco se ha ejercido acción penal contra los responsables o los funcionarios públicos que omitieron la investigación.

“Se podría ver como que no reconocemos nuestro propio trabajo, pero es que tenemos un sólo objetivo: que es encontrar y no lo hemos hecho. Quizás es discursivamente erróneo decir hemos fallado. Digo que es erróneo porque no es nuestra responsabilidad es la responsabilidad del Estado, pero el Estado no lo está haciendo. Hoy nosotros asumimos esa responsabilidad porque el Estado, ocho años después, aún con toda esta política pública, sigue sin hacer su trabajo”.

Las averiguaciones previas continúan abiertas, sin pistas, sin responsables, acumulándose en los archivos de la Procuraduría. Las familias siguen luchando, protestando en las calles al grito de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, consigna que se ha replicado en todo el país.

Cada 10 de mayo, las madres de los desaparecidos organizan una marcha nacional. Le gritan al Gobierno para que encuentre a sus hijos, ellas dicen que no tienen una razón para festejar ese día, no la tendrán hasta que aparezcan los ausentes, esos que se llevaron a donde nadie sabe.